Sobre el caso Carlos Otto

Máximo

Este País. Ediciones 99. Madrid, 1971

Un perodista, Carlos Otto, escribe en su blog personal un artículo de opinión (ya hablamos de ello). Al día siguiente le despiden de manera disparatada. Unos meses más tarde se puede enfrentar a tres querellas criminales si no paga 18.000 euros, parte de los cuales, según alguno de los demandantes, se destinarán a niños y ancianos desamparados. ¿Por qué? Principalmente por permitir comentarios injuriosos en su bitácora hacia esas respetables personas.

No es un chiste, ni una noticia sobre la libertad de expresión en una república bananera o un régimen integrista. Es aquí, en Ciudad Real, el mismo lugar donde dentro de poco todos los focos estarán centrados para que el mundo entero contemple el espectacular desarrollo económico de la provincia, promovido por el buen hacer y la transparencia de políticos, periodistas y empresarios, entre ellos los demandantes. El pueblo no tendrá cómo agradecéroslo.

De entrada hay cosas que chirrían: una es el despido de un periodista por opiniones personales fuera del trabajo; otra es el linchamiento al que pretenden someter a un joven bloguero, que además ha procurado mantener la corrección en los comentarios desde el primer día.

¿Hasta qué punto somos responsables de las opiniones o insultos de otros en nuestra casa?

Sus abogados han hecho público este comunicado de prensa.