La edición de Prensa Libre del pasado 4 de Marzo, en su primera plana, destaca la noticia de que las cámaras empresariales de ocho países, en un bien orquestado coro, piden al Gobierno que declare el Estado de Prevención en todo el país. Es decir, que suspenda las garantías constitucionales y los derechos de toda la ciudadanía.
Esta demencial solicitud la encabeza un señor llamado Rafael Briz, quien, según informa el matutino, funge como presidente de la Cámara Oficial Española de Comercio de Guatemala. El artículo informa que, entre las empresas que plantean la petición figuran las multinacionales.
En primer lugar, esta absurda solicitud debe calificarse como una grave agresión a la soberanía nacional. No es competencia de las empresas extranjeras, en absoluto, el hacer planteamientos semejantes ante el Gobierno nacional. Las cámaras empresariales foráneas, sean del país que sean, no deben, bajo ninguna circunstancia, entrometerse en los asuntos de política interna propios de aquellos países que les abren sus puertas para que ellos hagan sus jugosos negocios. Aquí no están, ni deben estar, facultadas para pretender convertirse en rectoras del rumbo por el que debe transitar el pueblo de Guatemala.
[...]
“Este clima de inseguridad que se vive en Guatemala es dramático. Día a día hay asesinatos y delitos y no se pone un hasta aquí; cinco ministros de Gobernación en tres años de gobierno es demasiado. Deben tomar medidas drásticas para terminar con la criminalidad, porque continuaremos perdiendo inversiones”, afirmó Briz. (cita textual tomada del artículo de Prensa Libre).
Pues para solucionar la inseguridad imperante, la Cámara de Empresarios de España, junto con las de otros países, proponen, ni más ni menos, poner la llave en manos de los ladrones. Propone declarar un Estado de Sitio en todo el país, es decir, darle más poder, de costa a costa y de frontera a frontera, a quienes hoy siembran violencia, zozobra y luto, amparados por un manto de impunidad bajo el cual se cobija todo tipo de atropello contra los derechos del pueblo.
[...]
Para entender bien esta situación, incluido el hecho de que es la Cámara Oficial Española de Comercio de Guatemala la que lleva la voz cantante, resulta necesario tomar en cuenta algunos antecedentes inmediatos.
1.- El pasado 25 de Febrero el Gobierno amplió, por quinta vez consecutiva, el Estado de Sitio en el Departamento de San Marcos, medida que está vigente desde al 22 de Diciembre del 2009. Sobre esta medida, también el matutino Prensa Libre, en su edición del 26 de Febrero, informó lo siguiente:
El Gobierno ha impuesto el estado de Prevención para que restablezca por completo el servicio proporcionado por la empresa española Unión Fenosa a través de su concesionaria Deocsa, y para que los usuarios de cinco municipios … puedan pagar por cuotas las facturas pendientes.
Está claro, pues, que el Gobierno ha venido prolongando ese Estado de Sitio en beneficio exclusivo de la transnacional Unión FENOSA. Ha lanzado al ejército y a la policía nacional a las calles, con todo su equipamiento bélico, para que trabajen como cobradores de las facturas de energía que, con toda razón, el pueblo se ha negado a pagar.
No se trata, pues, de un Estado de Sitio para combatir la violencia, sino, por el contrario, más bien para emplearla en contra de la legítima resistencia popular.
En este caso, (como en otros similares que han ocurrido), el país es colocado en calidad de testigo forzado para que mire cómo el Gobierno sirve a los intereses de esta empresa extranjera, pasando por encima de los derechos del pueblo y atropellando, de manera flagrante, su propia condición como servidor de los intereses de la población.
El Gobierno suelta sus perros de la guerra y los lanza con la misión de sembrar terror en San Marcos para favorecer a Unión FENOSA.
El texto completo de la denuncia del FNL aquí.
Entradas
No hay comentarios:
Publicar un comentario