domingo, 13 de diciembre de 2009

Coalición Pro Acceso a la Información Pública


Las más observadoras (y que no me lean por google reader o sucedáneos) se habrán fijado en un gif que aparece en la parte superior de la barra lateral. Gracias a la Broma, una estupenda web personal sobre comunicación con causa, voluntariado y activismo, he conocido una campaña que pretende conseguir que España deje de ser el único país de la Unión Europea con más de un millón de habitantes que no tiene una ley específica reguladora del derecho de acceso a la información.

¿Qué pasa si, por ejemplo, quisiéramos saber cuántas personas fueron expulsadas de nuestro país desde enero de 2007 a febrero de 2008?. Pues ya os lo digo yo, que el Ministerio del Interior nos denegará el dato por "ser desaconsejable proporcionar este tipo de información a particulares”.


Como dicen en la web de la coalición:
Esta respuesta se encuentra fuera de lugar: primero, porque lo aconsejable o desaconsejable de proporcionar una información no es uno de los motivos recogidos en la legislación actual para denegar el acceso, y proviene, además, de una clara actitud paternalista; y segundo, porque el propio Ministerio del Interior había facilitado los datos correspondientes al primer semestre del año 2007 en su sitio web.
Ya veis la actitud oscura y paternalista de nuestros funcionarios y gobernantes. En la página de facebook de la campaña encontramos un artículo de Soledad Gallego Díaz que dice lo siguiente:
[...] Y mientras que no se apruebe la ley, quizás los vecinos de algunos ayuntamientos españoles podrían aprender de lo que ha ocurrido en una pequeña ciudad brasileña, de 330.000 habitantes, llamada Maringá. Aburridos de que durante los años noventa e inicios de 2000, los fondos públicos fueran desviados y robados, y hartos de no poder nunca recuperar ni un real de ese dinero perdido, decidieron tomar el asunto en su mano y no contentarse con la detención y condena de algunos de los funcionarios implicados. La asociación comercial, el colegio local de abogados, el centro universitario, los miembros del club Rotario y del club de Los Leones crearon una agrupación llamada Sociedad Éticamente Responsable (SER), que negoció con las autoridades locales el acceso a partir de ese momento de toda la documentación pública.

Convencidos de que es indispensable actuar de manera preventiva para impedir la malversación de los recursos, en sus ratos libres comerciantes, abogados, rotarios o profesores de Maringá se encargaron de revisar los papeles municipales. Resultado: no sólo no ha habido casos de corrupción en estos dos últimos años, sino que en los primeros nueve meses de 2009 el ayuntamiento se ahorró cinco millones de dólares. Otras 35 ciudades se han apuntado a su peculiar sistema de libre acceso a la información y la Cepal acaba de darles su primer premio a la innovación social.[...]

Los 9 principios que se exigen para la elaboración de esta ley los podéis leer aquí y los que se convenzan de que esta es una buena iniciativa la pueden suscribir aquí.

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