Cuando la salud es más mercado que derecho

Un albañil de Atitlán tuvo un accidente laboral hace unos años afectándole a un oído. Consiguió que le atendieran en Sololá donde le detectaron una infección y le vendieron 3 pastillas de antibióticos. Cuando se las terminó (desayuno, almuerzo y cena) seguía notando palpitaciones, como es lógico. Alguien le dijo que debía seguir con el tratamiento durante una semana, pero el costo de la medicación le suponía el 200% de su sueldo semanal.

En el país con la natalidad más alta de Centroamérica, pero también con la mayor tasa de mortalidad infantil y de mujeres en el parto, la sanidad pública merece una especial atención. Se da la paradoja de que la hegemonía del sector privado en la gestión de este servicio, ante todo derecho, de primer orden, ha llevado a que sea el país de su entorno donde más se paga para mantener el sistema y donde la atención sanitaria llega a menos gente. El 77% de la población (10 millones) no tiene asegurada asistencia de ningún tipo. Cualquier problema medianamente serio puede suponer la bancarrota familiar o la muerte.

Hoy Prensa Libre ofrece un reportaje clarificador sobre la situación del acceso a la salud de los guatemaltecos. Aquí unos extractos:

Para una familia de clase media o baja, un accidente o una enfermedad crónica puede significar la ruina o la muerte, debido a los altos costos de la salud privada. Como el sistema público no funciona, a mayor demanda, mayores precios.

El precio de una simple operación de apendicitis oscila entre Q4 mil y Q11 mil, una fractura simple de brazo entre Q800 o Q1 mil 200 y un tratamiento de cáncer en el sector privado y sin seguro puede variar desde Q30 mil hasta superar los Q100 mil, según la gravedad y el número de consultas que necesite el paciente.

En Panamá, Cuba o Belice —donde la inversión total en salud es similar a la de Guatemala— los resultados que se han obtenido son mejores, explica Wálter Flores, autor del estudio, quien asegura que la clave está en que el gasto público sea mayor para redistribuirlo mejor.

De este modo, gran parte del monto invertido en salud se hace en medicamentos y pago de servicios; en tanto, si un ente público controlara el gasto, debería haber una mayor inversión en salud preventiva, lo que supondría menos costo y a la vez beneficiaría a mayor parte de la población.

La población de escasos recursos tiende a tratarse con remedios caseros, por falta de dinero, y acude al médico cuando la enfermedad está demasiado avanzada, lo que supone un gasto mayor para el sistema y un alto riesgo para la vida de los afectados.

En el país hay 368 sanatorios y hospitales privados autorizados, mil 176 clínicas médicas de especialidades y otras mil 586 generales. Esto frente a los 44 hospitales y 325 centros y 903 puestos de salud de la red pública.

“El servicio está privatizado desde hace años, es un bien transable, un servicio que se compra y se vende y no un bien público”, afirma Gustavo Estrada, especialista en salud pública y autor del informe “El sistema de salud en Guatemala, ¿hacia dónde vamos?”, elaborado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).