Cuando el Dr. Gang y el Inspector Gadget ilegalizaron a Batasuna

Allá por el 2002 el Sr. Mayor Oreja, cuyo rostro es similar al que mi imaginación le pondría al Dr. Gang, era ministro de Interior de la derecha pepera; el Sr López-Aguilar, que podría pasar, con un sombrero adecuado y el pelo un poco más largo, perfectamente por el Inspector Gadget, era portavoz de justicia de los socioliberales; yo era un becario precario (prácticas no remuneradas) en RNE en la capital conquense, aprendiendo a colocar las cintas de carrete abierto y perdiéndome en la discoteca de la radio en los 55 minutos de descanso que había entre hora y hora de información local.

En ese verano de huelgas generales no televisadas y visitas diarias al Sala Babylon, me tocó acompañar durante varios jornadas, para hacer llegar las crónica en directo al estudio previa "reflexión" en Torre Mangana, a un veterano periodista a las ruedas de prensa que hacían en el curso “Estado, Nación y Nacionalismos en España” y por el que fueron pasando insignes personajes de las escena política estatal tales como Llamazares, Beiras, Jané, Arregui, Jáuregui, Cisneros o los arriba citados. Fue toda una experiencia (con poco más de 20 primaveras) escuchar tan de cerca a esos pesos pesados del stablishment a los que uno estaba acostumbrado a ver por la tele.

Apenas un mes antes se había aprobado la Ley de Partidos. En todas las entrevistas salía este tema a relucir. Tanto M.O. como L.A. compartían el 100% de sus argumentos para defenderla y casi parecía que Llamazares y los nacionalistas estaban empeñados en favorecer la pervivencia del terrorismo. A mí no me acababan de convencer pero eso de acabar con ETA parecía primordial para nuestras vidas. Entonces miraba para otro lado.

Hoy se sigue, en general, mirando para otro lado y cada vez son más las muestras de que esa y otras leyes o medidas de diferentes gobiernos del eje PP-PSOE para combatir el "terrorismo" desbordan lo admisible en una democracia. El derecho a elegir y ser elegido corre peligro debido a la ambigüedad de un texto que incluso alguna organización internacional de derechos humanos ha criticado, como lo ha hecho el Relator especial de la ONU para la promoción de los DDHH. Como escribí el otro día, Rubalcaba debería haber pedido perdón por prejuzgar y precondenar a los integrantes de la lista de II-SP, aunque lo que realmente se debería de hacer es anular la Ley por inconstitucional, contraria a los DDHH y por ser un fácil generador de "mártires y víctimas" entre los que también miran hacia otro lado cuando las vísceras de sus vecinos se esparcen por la calle tras la explosión de una bomba lapa.

Esta es una de las 947 razones (directiva Bolkestein, directiva de la vergüenza, reglas de comercio injustas con el Sur, jornada de 65 horas, elecció de Durao Barroso...) que hasta la fecha tenía para no votar a ningua de las dos tendencias (primavera-verano y otoño-invierno) de la partitocracia hispana.

Hoy se suma una más: adivina adivinanza cuál es el país que va a conseguir que se limite el acceso a la Justicia Universal a través del estado español. Dos pistas más: es el mismo que tiene permitido que sus militares interroguen a los viajeros y turistas cuando se disponen a coger un avión en una compañía nacional desde España; la segunda es que entre su situación en la lista de países con más PIB es 40 puestos inferior a la que tienen como potencia militar. ¿Y eso cómo será?.