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jueves, 17 de diciembre de 2009

‘Jurisdicción Universal y Memoria Histórica: La reforma y sus descontentos’ (I)


El pasado martes asistí a un coloquio sobre ‘Jurisdicción Universal y Memoria Histórica: La reforma y sus descontentos’. Joan Garcés y Emilio Silva fueron los invitados principales, que tuvieron dos racionales y emotivas intervenciones. Estas son algunas notas que tomé en la primera parte, en la que se aborda la cuestión de la Jurisdicción Universal, recientemente limitada/abolida, en lo que España se refiere, por el parlamento.


Cristina Rodríguez (profesora de derecho penal de la UCLM):

  • La limitación en el Congreso al principio de Jurisdicción Universal se debe a las presiones de China (Tíbet), EEUU (Guantánamo), Israel (Gaza).
  • Se hizo de manera subrepticia (siempre quise utilizar esta palabra), en el anexo de una ley menor, sustrayendo el debate y la reflexión pública.
  • Existe un peligro: generar una justicia universal colonialista, que sólo se aplicaría en países de América Latina.
  • Ya hubo intentos anteriores del Tribunal Supremo de limitarla, no aceptadas por el Constitucional.

Joan Garcés (entre otras muchas cosas fue asesor de Salvador Allende y el jefe del equipo de abogados del caso Pinochet):

  • En la proyección de posibles riesgos globales a 20-30 años que el gobierno de EEUU realiza, se ha consideró como tal la Justicia Universal.
  • Bush aprobó la “Ley de Invasión de la Haya”, por lo que el gobierno holandés protestó.
  • La Ley existía desde el año 85.
  • En este tipo de casos intervienen factores de política nacional e internacional, justicia nacional e internacional y geoestrategia. A saber:
  • En el caso Pinochet, en el 95, el embajador chileno (socialista) amenazó con romper relaciones diplomáticas con España. No se cumplió.
  • En el 96 Frei amenzó con renunciar a la compra de un submarino que se estaba construyendo en el norte de España si se interrogaba de forma voluntaria al ex-presidente de Chile, Patricio Aylwin, por unas declaraciones en una televisión de EEUU sobre el exterminio llevado a cabo por Pinochet. No pasó nada.
  • Desde el nombramiento de Fungairiño como Fiscal General del Estado se opuso en todo momento a esta causa.
  • La competencia personal pasiva no existe en España y se confunde con la Jurisdicción Universal. Por tanto se desnaturaliza y se trata de algo deshonesto.
  • Hitler, cuando le advirtieron de la repercusión que podían tener sus acciones genocidas en la comunidad internacional, dijo “¿quién recuerda hoy la matanza de armenios?”.
  • Cuando el franquismo liquidó el Tribunal Supremo vigente en la República, de los jueces que no juraron lealtad al caudillo tres fueron fusilados, seis encarcelados y veinte mandados al exilio forzoso. Todavía hay jueves en el TS que le juraron lealtad.
  • España es el único país con absoluta impunidad sobre los crímenes de una dictadura reciente.
  • La doctrina del Tribunal Europeo de DDHH obliga a investigar crímenes contra la humanidad según las leyes de “las naciones civilizadas” contemporáneas.
  • Hay una aplicación fraudulenta de la ley por parte del Fiscal General del Estado para que el juez no instruya. Además se le escarmienta y se le intenta remover.
  • La sala II del TS tiene las competencias y va contra el juez antes de asumirlas.
  • En él ocurren cosas muy graves, como la no tramitación de recusaciones (a los jueces que juraron lealtad a Franco y a los del TC que tienen que resolver), donde ya hay una jurisprudencia trillada.
  • Eduaro Dívar, abuelo del Presidente del TS, dijo: “el juramento que se presta al ingresar en ella [en la carrera judicial, N. del A.] no es meramente ritual, sino un juramento de adhesión incondicional al Caudillo y de ser fieles custodios del depósito sagrado de la Justicia” (*).


(*) Iustitia. Boletín Oficial del Ministerio de Justicia, núm. 7, junio-julio de 1944, pg.50.

viernes, 26 de junio de 2009

Injusticia universal

La justicia en España limita al norte con las torturas de Guantánamo, al sur con los campos de refugiados del pueblo saharaui, al este con los bombardeos con fósforo blanco sobre los civiles de Gaza y al oeste con el Chile de Pinochet, el de la picana y las mujeres violadas por perros. Nuestra nueva justicia es ahora cómplice de estos crímenes: mirará hacia otro lado porque así lo aprobó hace unas horas el Congreso de los Diputados. Al fin llegó el consenso: el PSOE y el PP –junto con la derecha nacionalista– votaron un recorte a la justicia universal que acaba con el molesto concepto, tan simpático cuando juzga a tiranos de países pobres, tan incómodo cuando husmea en las cloacas de las potencias amigas. Universal, para el Congreso, es algo así como el mapamundi de Bilbao y significa que haya un español entre las víctimas. El universo se reduce a España y poco más. Cosas del hecho planetario.

Con esta reforma, el Congreso da la espalda a las víctimas, pero también a los acuerdos internacionales que ha firmado España en los últimos años: el Convenio contra el Genocidio, la Convención contra la Tortura o la de Ginebra, entre otros. La justicia universal no fue un invento del díscolo Garzón sino consecuencia de una sentencia del Tribunal Supremo –ratificada después por el Constitucional– sobre el genocidio en Guatemala, que estableció que estos acuerdos estaban para cumplirlos. Hoy es un día de luto porque la injusticia no conoce fronteras y hay determinados crímenes que no atentan contra un pueblo sino contra toda la civilización. La injusticia ha ganado terreno. Desde hace unas horas, los derechos humanos en España son sólo para los humanos con pasaporte español.
Escolar.net

jueves, 13 de noviembre de 2008

Desaparecidos (II)

Son cuatro paginillas de nada. Para un profano en los vericuetos de la jurisprudencia está bien explicado y parece quedar claro que la urgencia con que el fiscal Zaragoza se ha interpuesto en el camino de Garzón, en su afán por investigar los crímenes contra la humanidad de la Guerra Civil y el franquismo, evidencia su ánimo de dejar todo como está, bien enterradito. Además las apreciaciones de Amnistía Internacional descubren una buena lista de inconsistencias jurídicas en el escrito del citado fiscal.

Si han podido ver el Telediario del mediodía habrán escuchado a Esteban Beltrán decir algo así:

"hay más víctimas denunciadas de desaparición forzada con nombre y apellidos que en toda América Latina en los últimos cuarenta años"

Para percatarse de la doble moral de algunos líderes de opinión al respecto no hay más que leer las editoriales del diario El Mundo en estas fechas y hace 10 años, tras las primeras actuaciones del mismo juez contra Pinochet. No tienen desperdicio.

Me temo que algunos acabarán encontrando razones como las de Mi Mesa Cojea:

Las 10 razones para no abrir las fosas comunes

1. El olor.

2. Las obras reducirán los arcenes, con el consiguiente peligro para los peatones y los ciclistas.

3. Alteración del ambiente natural de los gusanos, con consecuencias impredecibles para esta especie.

4. Hay gente que igual no quiere que la saquen de las fosas, ¿se les ha consultado algo a ellos?

5. El terreno libre de cadáveres será inmediatamente recalificado para que hagan dinero los de siempre.

6. La cremación de todos esos cadáveres liberará muchísimo CO2, lo cual es malísimo para el medioambiente.

7. La ubicación de las fosas no está documentada, por lo que alguno puede tomarse la justicia por su mano y hacerse una avería cavando justo encima de los cables de la luz.

8. Algunas fosas pueden encontrarse debajo de carreteras, y lo que no puede ser es que tengamos que desviar el tráfico pudiendo desviar la Historia.

9. El riesgo de la pérdida de perspectiva: se empieza abriendo fosas comunes y se acaba diciendo que un bando era bueno y el otro malo.

10. No ha pasado el tiempo suficiente. Todo el mundo sabe que la justicia no debe aplicarse hasta pasadas, al menos, 10 generaciones. Por aquello de no reabrir viejas heridas.

martes, 2 de septiembre de 2008

Desaparecidos

DSCN5352

Foto de la exposición Los Desaparecidos, en Antigua Guatemala

Hace unas semanas apunté en borradores del blog algunas ideas sobre la justicia internacional y sobre cómo particularmente la española se había convertido en un acicate de ex-dictadores y ex-torturadores (por ejemplo en el caso de Guatemala) pero hacía la vista gorda en casa, donde se estiman unos 30.000 desaparecidos de la Guerra Civil y el franquismo, muchos de ellos enterrados en cunetas.
Fue a raíz de ver a Garzón en una tele latina visitando en Colombia junto a otros jueces y fiscales extranjeros y locales fosas comunes de matanzas a cargo de paramilitares, objeto de investigación de la Corte Penal Internacional en el caso de que la colombiana se quedara de brazos cruzados.
Parece que ahora a este mismo juez, después de ver lo que ha visto fuera de casa, le ha dado por investigar algo que, en mi opinión, debiera haberse hecho hace décadas y que debe acabar con la impunidad, al igual que en otros países, de crímenes de lesa humanidad.
Escolar lo cuenta mejor que yo:
Desaparecidos. Fosas comunes. Torturas. Fusilados. Las palabras evocan el Chile de Pinochet, la Argentina de Videla. Duele reflejarse en ellas. Cuesta pensar en España como un país que esconde en las cunetas de sus carreteras los huesos de 30.000 desaparecidos, tal vez más.
La paja en el ojo ajeno. Desde que el Tribunal Constitucional determinó en el 2005 que los tribunales españoles pueden juzgar casos de genocidio y crímenes contra la humanidad, España se ha convertido en la corte internacional más diligente en la defensa de los derechos humanos. La Audiencia Nacional investiga los abusos de las tiranías en China, Guatemala, Ruanda, Argentina o Chile. Cuanto más lejos, más grande es el milagro. La Audiencia Nacional se atreve con todo, menos con los crímenes de los llamados “nacionales”. Asusta más un Franco muerto que un Pinochet vivo.

Un aplauso para Baltasar Garzón, pues ya era hora. Aunque el paso dado llegue tan tarde y sea aún tan escaso. De momento, el juez se limitará a elaborar el censo pendiente del genocidio, desde el golpe de estado hasta la muerte del dictador. Sólo será la dolorosa lista de crímenes, no el castigo para los criminales. Tantos años después, y ni siquiera hemos limpiado esa mínima mugre. Tantos años después, y ni siquiera sabemos los nombres de las víctimas, de los desaparecidos.
Algunos dirán que para qué remover el pasado. Por qué no pasar página. El drama es que no hablamos de pasado, sino de presente. Los muertos aún están ahí, en las cunetas. Sus familias aún están ahí, en los juzgados. Tras treinta años de amnesia democrática, tras tres décadas de su sacrosanta transición (sin pecado concebida), la memoria se pudre. Como se pudre la sociedad que permite que una viuda no pueda enterrar a su marido.