Cobayas mayas

Fernando Alfaro y los Alienistas- Queda expulsado de la especie humana

Poco tienen que envidiar al Dr. Mengele esos médicos estadounidenses que con el empuje de su gobierno (presidencia de Truman) inocularon, sin su conocimiento, enfermedades de transmisión sexual tales como el sífilis y la gorronea a cientos de presos e internos de psiquiátricos guatemaltecos entre los años 1946 y 1948. O quizás fue por eso, por envidia. La idea era probar la penicilina con ellos pero muchos nunca recibieron tratamiento alguno. 64 años después, han pedido perdón.

Lo que me extraña de todos estos experimentos atroces es que se llevaran a cabo durante el gobierno de Arévalo, el presidente con más sensibilidad social y progresista que haya tenido el país centroamericano en su historia. Su proyecto, continuado por Arbenz, terminó abruptamente por un golpe de estado tramado por la CIA. Supongo que nunca fue consciente (de los experimentos, claro).

Aunque esto se queda en casi nada comparado con la operación Whitecoat o con la práctica habitual de algunas farmacéuticas en el Tercer Mundo.

Guatemala: los homicidios no deben quedar impunes

Londres.- Amnistía Internacional pide a las autoridades guatemaltecas
que investiguen exhaustivamente los homicidios de dos trabajadores
rurales indígenas muertos por arma de fuego en incidentes distintos en
las últimas dos semanas.

Un trabajador rural murió y dos resultaron heridos el 12 de octubre
cuando un hombre armado no identificado disparó contra una multitud de
trabajadores rurales indígenas que se manifestaban en la ciudad de
Guatemala para protestar contra la política agraria del gobierno, según
han informado organizaciones de defensa de los derechos.

Anteriormente, el 27 de septiembre, un hombre indígena murió a manos de
–según testigos– guardias de seguridad de la Compañía Guatemalteca de
Níquel (CGN), filial de la empresa canadiense HudBay Minerals Inc. El
homicidio se produjo cuando los residentes locales se agruparon para
oponer resistencia ante un posible desalojo forzado.

Testigos y activistas de defensa de los derechos humanos han manifestado
que, durante aquel incidente, los guardias dispersaron con violencia a
los miembros de la comunidad local en El Estor, departamento de Izabal,
en el nordeste de Guatemala.

Según declaraciones de testigos, los guardias de seguridad de CGN
apuñalaron a un maestro local, Adolfo Ich Chamán, con un machete, y
luego dispararon contra él y lo mataron.

Otras siete personas de la comunidad local resultaron heridas de bala,
según indican los informes, durante el violento incidente.

HudBay Minerals Inc. ha negado haber amenazado o haber llevado a cabo
desalojos forzados en la zona, y afirma que los manifestantes atacaron
vehículos gubernamentales, saquearon una comisaría, robaron armas,
atacaron un hospital patrocinado por CGN e hirieron a miembros de sus
fuerzas de seguridad.

HudBay Minerals Inc. también ha dicho a Amnistía Internacional que no
cree que hubiera personal de CGN implicado en la muerte de Adolfo Ich
Chamán.

“La violencia debe investigarse y los responsables no pueden quedar
impunes”, ha manifestado Javier Zúñiga, asesor especial de Amnistía
Internacional.

Amnistía Internacional escribió a las autoridades para instarlas a
investigar e identificar a todos los responsables de actos violentos
producidos en el contexto de una disputa en El Estor.

“Las denuncias son muy serias y Amnistía Internacional pide que se lleve
a cabo una investigación inmediata, exhaustiva e imparcial sobre la
muerte de Adolfo Ich Chamán y otros incidentes violentos, que se hagan
públicos sus resultados y que se lleve a los responsables ante la
justicia”, ha manifestado Javier Zúñiga.

Información Adicional
En la comunidad de Las Nubes viven unas 120 personas (20 familias) del
grupo étnico maya q’eqchi.

La comunidad lleva varios años en disputa con CGN por la propiedad de la
tierra en la que vive.

Amnistía Internacional ha instado reiteradamente a las autoridades
guatemaltecas a poner en práctica reformas judiciales, legislativas y
políticas destinadas a eliminar el patrón habitual de injusticia que
parece favorecer a los grandes terratenientes, a menudo muy ricos, en
detrimento de los trabajadores rurales pobres y, en su gran mayoría,
indígenas.

Los trabajadores rurales indígenas se enfrentan a unas vías inefectivas
para resolver las disputas laborales, un sistema de justicia lento y
unos sistemas inaccesibles e inefectivos de resolución de los conflictos
de tierras.

La falta de acceso a reparación jurídica se ve agravada por la ausencia
de diligencia debida de la fiscalía y las autoridades judiciales a la
hora de investigar de forma exhaustiva las demandas judiciales que
buscan conseguir un desalojo forzado, y en su lugar autorizan desalojos,
a menudo tras considerar superficialmente los hechos y el contexto.

El Estado no ha abordado la enorme disparidad en el acceso a asistencia
letrada entre los terratenientes y las comunidades de trabajadores
rurales marginadas.


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